La reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos a favor de Monsanto, hoy propiedad de Bayer, marca un momento profundamente preocupante para quienes creemos que la salud pública debe estar por encima del poder corporativo. En el caso Monsanto Co. v. Durnell, la Corte resolvió por 7 votos contra 2 que la ley federal de pesticidas, conocida como FIFRA, bloquea ciertas demandas estatales por “falta de advertencia” cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, no ha exigido una advertencia de cáncer en la etiqueta de Roundup.
Dicho en términos simples: si una agencia federal aprueba una etiqueta sin advertencia de cáncer, los consumidores afectados tendrán mucho más difícil demandar a la empresa argumentando que esa etiqueta debió advertir sobre el riesgo. Para Monsanto/Bayer, esto representa una victoria legal enorme. Para miles de familias que alegan haber desarrollado linfoma no Hodgkin tras años de exposición a Roundup, representa otro golpe dentro de una batalla larga, desigual y agotadora.
Lo más grave es que esta decisión no ocurre en el vacío. Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato, ha estado en el centro de una controversia científica, regulatoria y judicial durante años. La EPA sostiene que el glifosato “no es probable” que sea cancerígeno para humanos, mientras que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, clasificó el glifosato en 2015 como “probablemente carcinogénico para humanos”, Grupo 2A.
Aquí está el problema de fondo: cuando existe una señal científica seria, cuando existen veredictos de jurados, cuando existen miles de demandas, cuando hay familias enteras señalando daños severos a la salud, la respuesta institucional no debería ser cerrar la puerta de los tribunales. La respuesta debería ser abrir más investigación independiente, fortalecer la regulación, exigir transparencia total y permitir que las empresas respondan legalmente cuando sus productos puedan haber causado daño.
La falsa neutralidad de la “claridad regulatoria”
Bayer celebró el fallo como una victoria para la ciencia, para los agricultores y para la “claridad regulatoria”. Ese lenguaje suena técnico, ordenado y razonable. Pero detrás de esa frase hay una realidad más incómoda: la claridad regulatoria no puede convertirse en inmunidad corporativa. Una etiqueta aprobada por una agencia no debería ser un escudo absoluto cuando hay evidencia, controversia científica y afectaciones humanas de por medio.
La regulación debe servir para proteger a la gente, no para blindar a las empresas. Cuando una autoridad regulatoria se convierte en la única puerta de entrada para reconocer un riesgo, y cuando los ciudadanos pierden la posibilidad de reclamar ante tribunales estatales, el equilibrio se rompe. La justicia deja de mirar a la persona afectada y empieza a mirar el sello burocrático de aprobación.
La propia disidencia de la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que, bajo FIFRA, la aprobación de una etiqueta por parte de la EPA no debería tratarse como una prueba infalible de cumplimiento. Su postura fue clara: un pesticida puede estar registrado y, aun así, estar mal etiquetado o ser insuficiente en sus advertencias. Esa diferencia es fundamental, porque ninguna agencia pública debería ser considerada incapaz de equivocarse.
El poder económico contra el ciudadano común
Este caso también expone una realidad que casi nadie quiere decir con claridad: los grandes corporativos juegan con una ventaja estructural brutal. Tienen equipos jurídicos enormes, presupuestos prácticamente ilimitados, influencia política, capacidad de lobby, departamentos de comunicación y años para desgastar a los demandantes.
Del otro lado están personas enfermas, familias endeudadas, trabajadores agrícolas, jardineros, aplicadores y ciudadanos comunes que muchas veces no tienen ni el tiempo, ni la salud, ni los recursos para sostener una batalla legal de diez años contra una multinacional.
Bayer ha enfrentado más de 100,000 reclamaciones relacionadas con Roundup y ha destinado miles de millones de dólares a acuerdos y provisiones legales. La empresa ha propuesto acuerdos multimillonarios para contener el litigio, incluyendo un programa nacional de resolución de reclamaciones por linfoma no Hodgkin.
Ese volumen de demandas no debería ser tratado como una simple molestia financiera en un reporte corporativo. Debería ser tratado como una alarma social. Cuando miles de personas, en distintos lugares, durante años, señalan daños similares asociados a un mismo producto, el debate no puede reducirse a si la etiqueta cumple o no cumple formalmente con una norma federal. El debate debe ser más profundo: ¿qué responsabilidad tiene una empresa cuando su modelo de negocio depende de productos que pueden generar costos sanitarios y ambientales que terminan pagando otros?
La industria de agroquímicos: beneficios reales, costos ocultos
Sería simplista negar que la industria de los agroquímicos ha tenido un papel importante en la agricultura moderna. Los herbicidas, insecticidas y fungicidas han ayudado a controlar malezas, plagas y enfermedades; han favorecido la productividad; han permitido sistemas agrícolas más intensivos; y han dado herramientas de manejo a millones de productores.
Pero reconocer una parte del beneficio no obliga a cerrar los ojos ante los excesos. El problema no es aceptar que hubo avances. El problema es usar esos avances como excusa para ignorar los costos.
Durante décadas, la agricultura industrial fue construyendo una narrativa: producir más, controlar más, aplicar más, depender más. Bajo esa lógica, el éxito se midió por toneladas, hectáreas y rentabilidad. Pero rara vez se midió con el mismo rigor el impacto acumulativo en la salud humana, en el suelo, en el agua, en la biodiversidad, en los trabajadores agrícolas y en las comunidades expuestas.
La pregunta que la industria debería hacerse ya no es solamente: “¿cuánto vendimos?”. La pregunta ética debería ser: “¿qué consecuencias generó lo que vendimos?”.
Cuando el dinero pesa más que la salud
El problema central no es únicamente Monsanto. Monsanto es un símbolo. Es el ejemplo más visible de un fenómeno más amplio: corporativos que se benefician de productos potencialmente riesgosos, que niegan responsabilidad durante años, que litigan hasta el último recurso y que, cuando pierden, buscan cambiar la ley, reinterpretar la regulación o limitar el derecho de las personas a demandar.
La lógica es conocida: primero se maximiza el mercado; luego se minimiza el daño; después se cuestiona la evidencia; más tarde se culpa al uso incorrecto; y finalmente se busca protección legal bajo el argumento de que “cumplimos con la regulación”.
Pero cumplir con una regulación mínima no siempre equivale a actuar con responsabilidad. La legalidad no siempre agota la ética. Una empresa puede cumplir formalmente con una norma y aun así fallar moralmente si ignora señales serias de daño, si bloquea información relevante, si minimiza riesgos o si usa su poder económico para evitar consecuencias.
Las empresas, grandes o pequeñas, no deben ser impunes. La responsabilidad social corporativa no puede limitarse a campañas publicitarias, reportes ESG o frases bonitas sobre sostenibilidad. La verdadera responsabilidad se demuestra cuando una empresa acepta investigar, advertir, reparar y modificar su conducta, incluso cuando eso reduce sus utilidades.
La urgencia de un marco legal real
Esta decisión también deja una lección para los legisladores: no basta con confiar en que las agencias regulatorias harán todo bien, todo el tiempo. Se necesita un marco legal más robusto, más transparente y más exigente.
Un sistema serio de protección a la salud debería incluir evaluaciones independientes, revisión periódica de moléculas, etiquetado preventivo cuando exista evidencia razonable de riesgo, protección especial para trabajadores agrícolas, trazabilidad de exposición, sanciones proporcionales al daño y responsabilidad legal efectiva para fabricantes que oculten, minimicen o ignoren riesgos.
También se necesita evitar que la regulación sea capturada por los intereses de la propia industria regulada. Cuando las empresas con mayor capacidad económica son las que más influyen en las reglas del juego, el resultado suele ser predecible: reglas hechas para proteger mercados, no personas.
En Estados Unidos, el debate se vuelve todavía más delicado porque algunas propuestas legislativas vinculadas al Farm Bill han buscado reforzar la uniformidad federal en etiquetas de pesticidas y limitar la capacidad de estados o gobiernos locales para exigir advertencias más estrictas. Ese tipo de medidas, de aprobarse, concentraría aún más poder en la regulación federal y reducirían márgenes locales de protección.
Esto no es justicia, es desequilibrio
La decisión de la Suprema Corte puede ser legalmente válida dentro de una lectura específica de FIFRA, pero eso no significa que sea justa desde el punto de vista humano. Hay momentos en que el derecho se vuelve demasiado estrecho para contener la realidad.
Cuando una persona enferma se enfrenta a una multinacional, la justicia no debería preguntarse únicamente si la etiqueta fue aprobada por la agencia correcta. También debería preguntarse si esa persona fue advertida adecuadamente, si la empresa actuó con transparencia, si la información científica fue suficiente, si el sistema regulatorio fue independiente y si el daño pudo haberse evitado.
Porque al final, la gente no enferma en abstracto. Enferman personas concretas. Con nombre, familia, trabajo, historia y futuro. Y cuando esas personas quedan sin vía efectiva para reclamar, el mensaje social es devastador: el sistema puede reconocer el poder de una etiqueta, pero no necesariamente el sufrimiento de una vida dañada.
La agricultura necesita productividad, pero también conciencia
El mundo necesita producir alimentos. Eso es indiscutible. Pero producir alimentos no puede justificar cualquier costo. La agricultura del futuro no puede seguir dependiendo de una mentalidad donde primero está el rendimiento, luego la utilidad, después la defensa legal y al final, muy al final, la salud humana.
Los agroquímicos pudieron haber resuelto parte de los problemas productivos del siglo XX, pero también nos heredaron desafíos sanitarios, ambientales y regulatorios que ya no pueden ocultarse. La respuesta no debe ser negar toda tecnología, sino exigir una transición seria hacia modelos más responsables, menos tóxicos, más regenerativos y más transparentes.
Cuando los corporativos ganan en tribunales, pero las familias pierden el derecho a reclamar, algo está profundamente mal. Cuando una empresa puede proteger miles de millones de dólares mientras personas enfermas pierden acceso a justicia, no estamos frente a un triunfo de la ciencia. Estamos frente a un triunfo del poder.
Y ese poder necesita límites.
Porque ninguna utilidad corporativa debería valer más que la salud de la gente.
Quim. Sergio Castellanos
Fuente: https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1068_n7ip.pdf?utm_
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